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El caso Rodríguez Piazze – Villamar: fraude procesal al rojo vivo

Imagen decorativa. La fotografía original es del 11 de abril de 2022 y es del edificio en el cual se encuentra el Tercer Despacho Provincial Penal de la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal – Cercado de Lima – Breña – Rímac – Jesús María ubicado en Jr. Tarma n.° 245 cerca a la calle Enrique Torres Saldamando o a dos cuadras de la Av. Guzmán Blanco o a dos cuadras de la av. Garcilaso de la Vega

NO APAGUEN LA LUZ > INTERIOR L > MINISTERIO (VIDEO) PÚBLICO

Actualizado el 1 de abril de 2023 20:32 Hrs.

Una familia (padre, madre, hijo e hija) para no pagar el saldo restante de la compra-venta de un inmueble apela a la simulación. Así, la mamá de los compradores (los hijos) celebra con estos una minuta de dación de pago para luego ella misma con este documento iniciar una demanda de tercería de propiedad demandando a los vendedores e incluso a sus propios hijos (compradores), todo para sabotear cualquier intento por parte de los vendedores para embargar la casa e intentar recuperar el dinero mediante un eventual remate. Pues eso es lo que ha hecho la familia Rodríguez Piazze – Villamar, en la cual la jerarca, Mirta Eleana VILLAMAR DE RODRÍGUEZ, presentó el 2008 una tramposa demanda de tercería contra los vendedores, la mamá e hijas de la familia GAMARRA POLAR, consiguiendo sentencias favorables y haciéndoles invulnerables a acusaciones por delito de Fraude procesal, a pesar de que es evidente que esa dación en pago fue un acto simulado. Recién tras 14 años de proceso y dos casaciones civiles favorables a las Gamarra Polar, la Primera Sala Civil con subespecialidad comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima ha declarado infundada la demanda de tercería. La sentencia fue demoledora, pues los vocales han señalado que la buena fe jamás estuvo presente al momento que doña Mirta Eleana firmó con sus hijos (los compradores) una minuta de dación en pago. Esta reciente sentencia ha sido el insumo principal para la denuncia penal presentada por Ernesto Ramón GAMARRA OLIVARES por el delito de Fraude procesal contra Mirta Eleana, sus hijos Pablo Sebastián RODRÍGUEZ VILLAMAR y María Alejandra RODRÍGUEZ VILLAMAR y contra el presunto autor intelectual de esta grosera simulación: Héctor René Anselmo RODRÍGUEZ PIAZZE. Y quien también tiene que responder es el abogado José Antonio OBLITAS GALLO quien intervino en la suscripción del contrato de Dación en Pago así como abogado patrocinante de la demanda de tercería de los denunciados. La denuncia penal la tiene el Tercero Despacho de la Cuarta Fiscalía de Cercado de Lima y el número de caso fiscal es el 506014504-2022-212-0.

Fraude procesal

Artículo 416.- El que, por cualquier medio fraudulento, induce a error a un funcionario o servidor público para obtener resolución contraria a la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

La denuncia penal

Luego de que se notificó vía casilla SINOE a Ernesto GAMARRA OLIVARES la sentencia contenida en la resolución n.° 23 del 27 de enero de 2022 de la Primera Sala Civil con subespecialidad comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima en el Exp. n.° 08737-2012-0-1817-JR-CO-12, que declaró infundada la demanda de tercería de propiedad promovida por doña Alejandra Mirta Eleana VILLAMAR DE RODRÍGUEZ, Ernesto GAMARRA OLIVARES presentó una denuncia penal contra la pareja conformada por Héctor René Anselmo RODRÍGUEZ PIAZZE (otrora poderoso funcionario de PROINVERSIÓN) y Alejandra Mirta Eleana VILLAMAR DE RODRÍGUEZ (la de la tercería), así como contra sus hijos Pablo Sebastián Héctor RODRÍGUEZ VILLAMAR y María Alejandra RODRÍGUEZ VILLAMAR por el delito de fraude procesal (art. 416 del Código Penal peruano vigente).

 

El hecho es que Alejandra Mirta Eleana VILLAMAR DE RODRÍGUEZ preparó, con sus recursos y con el visto bueno “legal” del marido (hasta podríamos decir que la mente detrás de la operación es este Héctor René Anselmo RODRÍGUEZ PIAZZE), una minuta de dación de pago, aceptada y tramitada por la notaría Tambini Ávila, y que fue firmado el 14 de enero de 2008, con nada más y nada menos, sus hijos Pablo Sebastián Héctor RODRÍGUEZ VILLAMAR y María Alejandra RODRÍGUEZ VILLAMAR, simulando que la propietaria sería la “amá” y no los hijitos de mami y papi quienes al momento de la compra-venta eran menores de edad y obviamente participaron en la compra-venta porque el 10 de abril de 2006 habían suscrito con “amá” un contrato de mutuo mediante el cual en síntesis aquella les iba a financiar la compra-venta de la casa materia de litigio y que el siguiente día 11 de abril de 2006 se celebró también mediante documento privado el contrato de compra-venta entre los hijos de la pareja RODRÍGUEZ PIAZZE-VILLAMAR y las hijas y mamá de la familia GAMARRA POLAR, que al final se convertiría en un tormento judicial, costas y costos incluidos, por la tercería promovida por la VILLAMAR DE RODRÍGUEZ.

 

Esta demanda (Exp. n.° 08737-2012-0-1817-JR-CO-12) no tuvo otro fin que sabotear la ejecución de un embargo sobre ese inmueble en Surco (habitada por toda la “family” desde que se firmó la compra-venta en el 2006 y notificados de todos los procesos en esa dirección para variar), dado que este había sido adquirido por los referidos hijos que tenían que pagar por la adquisición del inmueble ubicado en Jirón Frederic Chopin Nros. 405-409, Lote 09, Manzana BA, Urbanización Los Alamos de Monterrico, Primera Etapa, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, un total de US $100,000 (precio de la fecha), siendo que al final quedó pendiente de pago un total de US $15,000 que nunca llegaron a cancelar, lo que motivó que las vendedoras (la familia GAMARRA POLAR) promoviera una demanda de obligación de dar suma de dinero (Exp. n.° 05484-2008-0-1817-JR-CO-12) proceso que se frustró por el primero señalado líneas arriba y que como hemos venido informando, fue declarado infundado, después de dos casaciones y una sentencia de primera y segunda instancia.

La denuncia penal presentada por Ernesto GAMARRA OLIVARES el 4 de febrero de 2022

Transcripción

SUMILLA: INTERPONE DENUNCIA POR DELITO DE FRAUDE PROCESAL.

 

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LIMA

 

ERNESTO RAMON GAMARRA OLIVARES, identificado con DNI N° 10273047, señalando domicilio real en la avenida Angamos oeste N° 423-A, distrito de Miraflores, domicilio procesal en la casilla N° 8184 del Colegio de Abogados de Lima, sede Miraflores, Casilla Electrónica SINOE N° 116043 correo electrónico ernestogamarraolivares1@gmail.com a usted digo:

 

PETITORIO: Que, vengo a formular denuncia penal en contra de: HECTOR RENE ANSELMO RODRIGUEZ PIAZZE, ALEJANDRA MIRTA ELEANA VILLAMAR DE RODRIGUEZ, PABLO SEBASTIAN HECTOR RODRIGUEZ VILLAMAR y MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLAMAR todos con domicilio en el jirón Frederic Chopin (antes calle 3) N° 405-409, lote 09 de la manzana BA Urbanización Los Álamos de Monterrico, distrito de Santiago de Surco provincia y departamento de Lima y las demás personas que resulten responsables, por el delito de FRAUDE PROCESAL, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo:

 

PRIMERO: Las personas de Ana María Polar Echeandia y sus hijas Polyana del Carmen, Daniela Lucía y Gabriela Isabel Gamarra Polar, interponen demanda de pago de soles contra Pablo Sebastián Héctor Rodríguez Villamar y María Alejandra Rodríguez Villamar ante el 12° Juzgado Civil Comercial Expediente 08737-2012 con el propósito de cobrar por el saldo de precio adeudado por la venta del inmueble que ellas le habían transferido a estos últimos (Rodríguez Villamar) sito en el jirón J. Frederick Chopin (antes calle 3) Nro. 405-409 constituido por el lote 09 de la Manzana BA de la urbanización Los Álamos de Monterrico, distrito de Santiago de Surco Provincia y departamento de Lima. Obtiene en dicho proceso de pago de soles, sentencia favorable la misma que queda consentida.

 

En dicho proceso, mediante resolución N° seis del 30 de julio del 2009 se dispone llevar adelante la ejecución forzada hasta que los demandados (hoy denunciados) Rodríguez Villamar, paguen la suma puesta a cobro, disposición que es ratificada por el Juzgado mediante resolución de fecha dieciséis de mayo de 2010. Interponen apelación y, la Primera Sala Civil sub especialidad Comercial de la Corte Superior de Lima con fecha 10 de junio de dos mil once, confirma las resoluciones del 12° Juzgado Civil-Comercial.

 

SEGUNDO:  Cuando ello ocurre, es decir cuando la Corte Superior confirma lo dispuesto por el 12° Juzgado Civil- Comercial los denunciados Héctor Rene Anselmo Rodriguez Piazze y Alejandra Mirta Eleana Villamar de Rodríguez (padres de los también denunciados Pablo y María Alejandra Rodríguez Villamar) interponen con fecha 24 de agosto del 2012 ante el citado juzgado una Tercería Excluyente de Propiedad y con ello, logran Suspender la ejecución de la sentencia del 12° Juzgado Civil Comercial y la ejecución del embargo en forma de inscripción del inmueble ubicado en el jirón Frederic Chopin (Antes calle 3) N° 405-409 constituido por el lote 09 de la Manzana BA, Urbanización Los Álamos de Monterrico distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima que se había trabado con fecha 14 de diciembre del 2009 por orden del 12° Juzgado Civil-Comercial.

 

TERCERO: El sustento de la demanda de Tercería Excluyente de Propiedad que interponen los denunciados Héctor Rene Anselmo Rodríguez Piazze y Alejandra Mirta Eleana Villamar de Rodríguez, consistía en afirmar, que la propiedad que sus hijos Pablo y María Alejandra Rodríguez Villamar habían adquirido de las anteriores propietarias y que se encontraba embargada, les había sido traspasada a ellos, mediante un contrato de Dación en Pago de fecha 14 de enero del 2008 y en dicha Tercería Excluyente presentan como prueba de ese contrato de Dación en Pago, una minuta ingresada a la notaría Pública Tambini ese mismo día, 14 de enero del 2008.

 

CUARTO: Todos los denunciados tanto al momento de la compra-venta, la interposición de la demanda de pago de soles, la resolución de la sala confirmando el auto de ejecución, como en la fecha en que celebran esa supuesta dación en pago, vivían en la misma casa que es precisamente la que les fuera transferida a los Rodríguez Villamar y que luego decían sus padres, que se la habían transferido mediante ese contrato de Dación en Pago.

 

Pero no solo convivían, sino que los padres es decir los denunciados Héctor Rene Anselmo Rodríguez Piazze y Alejandra Mirta Eleana Villamar de Rodríguez, habían incluso participado de los actos preparatorios del contrato de compra venta del inmueble a nombre de sus hijos e incluso, el padre es decir Héctor Rene Anselmo Rodriguez Piazze había intervenido en el proceso judicial de cobro de soles a nombre de sus hijos ante el 12° Juzgado Civil Comercial, de tal manera, que estaban perfectamente enterados del saldo de precio adeudado y también del proceso judicial de cobro de soles por dicho saldo de precio, iniciado el año 2008 y que el año 2012 estaba prácticamente terminado y en etapa de ejecución de la sentencia.

 

QUINTO: Conociendo el proceso judicial que se seguía contra sus hijos por falta de pago, y habiendo según ellos celebrado el contrato de dación en pago en enero del 2008, esperaron hasta el 24 de agosto del 2012 es decir, más de 4 años para presentar su Tercería y de esa forma frustrar la ejecución de la sentencia y el cobro del saldo de precio.

 

Y los hijos Rodríguez Villamar, también conociendo la supuesta existencia de ese contrato de dación en pago, puesto que lo habían firmado, no solo continúan litigando por más de 4 años, sin decir nada sobre ese contrato, sino que incluso, interponen una Acción de Amparo en contra del Juez del 12° Juzgado Civil Comercial y contra los vocales de la sala que habían confirmado la resolución del juzgado de llevar adelante la ejecución. Acción de Amparo interpuesta ante el Tercer Juzgado Constitucional de Lima expediente N° 19720-2010 alegando que no habían sido notificados con la demanda de pago de soles y con ello se estaba violando su DERECHO DE PROPIEDAD. Propiedad que supuestamente ya no tenían por haber firmado 2 años antes un contrato de dación en pago.

 

En el proceso de pago de soles, la argumentación dada por los demandados y hoy denunciados Pablo y María Alejandra Rodríguez Villamar para oponerse al pago, fue que el inmueble adquirido, tenía defectos de construcción, relacionados con las tuberías y los servicios eléctricos y ello, lo argumentan incluso hasta el año 2012, es decir cuando supuestamente ya habían transferido a sus padres y co-denunciados la propiedad. Durante los 4 años que dura el proceso de pago de soles, nunca argumentaron ni mencionaron la existencia del contrato de Dación en Pago. Y más bien, como tengo dicho, el padre y denunciado Héctor Rodríguez Piazze participó en dicho proceso como apoderado de su hijo y también nunca dijo nada de la supuesta dación en pago.

 

SEXTO: Los denunciados Héctor Rodríguez Piazze y Alejandra Mirtha Eleana Villamar de Rodríguez al interponer su demanda de Tercería y los denunciados Pablo y María Alejandra Rodríguez Villamar al interponer su Acción de Amparo, es evidente que han actuado de manera dolosa. Han simulado la existencia de un contrato de Dación en Pago con el propósito de eludir el pago de una obligación.

 

La conducta de los denunciados y en particular de Héctor Rodríguez Piazze y Alejandra Mirta Eleana Villamar de Rodríguez ha incluso continuado de manera activa hasta la fecha, así 4 de noviembre del 2019 la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema resolvió la casación N°1239-2018 declarándola fundada y luego de esa casación se han presentado ante la Primera Sala Civil Sub especialidad Comercial de la Corte Superior de Lima en la audiencia citada por dicha sala con fecha 2 de diciembre del 2021.

 

Dicha Sala de la Corte Superior con fecha 27 de enero del 2022, ha fallado revocando la sentencia del 13 de febrero del 2015 que declaró fundada la demanda de Tercería interpuesta por los denunciados Rodríguez Piazze y Villamar de Rodríguez. En dicho fallo de la Corte Superior resaltamos el contenido del considerando Décimo Noveno que entre otros conceptos señala que: “Claramente a criterio del Colegiado se configura una situación que repugna no sólo el principio de buena fe pues contraría su manifestación básica expresada en el aforisma alterum non laedere sino incluso el sentido común…”

 

La referida sentencia, confirma que los denunciados Rodríguez Piazze y Villamar de Rodríguez han actuado de mala fe y en esa condición interpusieron la Tercería tantas veces mencionada.

 

SEPTIMO: Pese a que aparece como demandante Alejandra Mirta Eleana Villamar de Rodríguez, su cónyuge ha tenido activa participación en dicha demanda de Tercería ya que incluso ante la Sala Civil Permanente de Corte Suprema en ocasión de celebrarse la audiencia de la Casación, fue él quien hizo uso de la palabra en calidad de abogado. En cuanto a los hijos Pablo y María Alejandra Rodríguez Villamar tenemos que su Acción de Amparo fue presentada el año 2010 y admitida el 18 de octubre del 2011 y sentenciada el año 2017. Es decir, fue interpuesta dos años después del contrato de dación en pago según el cual ya no eran propietarios, sino que el inmueble había pasado supuestamente a sus padres, pero alegaban que se está afectando su derecho de propiedad .

 

Añadido a eso y como también lo recoge la sentencia de la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial en el expediente 08737-2012, a pesar de tener la calidad de demandados (por su propia madre) nunca salieron a juicio con lo que queda claro que participaron en la simulación de la tercería.

 

OCTAVO: El daño ocasionado por la conducta delictiva de los denunciados es irreparable. Si bien la sentencia dictada por la Primera Sala Civil subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Lima en algo enmienda los errores a los que indujo la dolosa actitud de los denunciados, debe tenerse en cuenta que han sido más de 10 años de litigio y en donde se vio burlado por todo ese tiempo las legítimas expectativas de las acreedoras del saldo del precio del bien enajenado. Demás está referirnos al daño ocasionado a la administración de justicia de lo que nos ocuparemos al momento de la fundamentación jurídica de la presente denuncia.

 

FUNDAMENTACION JURIDICA.-

 

DELITO

 

FRAUDE PROCESAL.-

 

Fraude Procesal, delito previsto y penado en el artículo 416 del Código Penal, y es aquel, en que se pretende inducir a error por cualquier medio fraudulento a la autoridad administrativa o judicial, para obtener resolución contraria a la ley. Tal como hoy está consagrado por la doctrina y la jurisprudencia basta tratar de inducir al error al margen del resultado que se obtenga, para que el delito se considere como tal.

 

(…)

 

POR TANTO: Solicito se sirva admitir la presente denuncia, disponiendo se abra una rigurosa investigación y haciendo suya la denuncia, la traslade ante el juzgado correspondiente.

 

(…)

 

ANEXOS:

 

1.- Copia de mi documento nacional de identidad.

 

2.- Copia Sentencia Corte Superior de Lima Primera Sala Civil sub especialidad Comercial.

 

3.-Copia de la Demanda Constitucional de Amparo ante el Tercer Juzgado Constitucional de Lima.

 

4.-Copia de la Casación ante la Corte Suprema Sala Civil Transitoria.

 

5.- Partida Registral N° 44611848

 

Lima, 03 febrero 2022

 

(Firma)

 

????️Firma la presente nota:
Dylan LÓPEZ ENCARNACIÓN
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1 Comment

  1. Hector Rene Rodriguez Piazze says:

    Historia de una difamación hecha por un delincuente Ernesto Gamarra Olivares alias “polo”

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