Hablar de la venta corrupta del Aeródromo de Collique es hacer eco de una voz que no se apaga a pesar de los casi 16 años de existencia del contrato con el cual formalizaron el despojo -usurpación agravada incluida-, levantaron las torres popularizadas con el nombre “Los condominios de Comas” y causaron una herida económica de más de 57 millones de soles, porque el pago por la transacción no está en las arcas del Estado sino en un clandestino fideicomiso escondido en cuentas en el Banco Continental, dinero que debió convertirse en la infraestructura del nuevo aeródromo en Pampa Ñoco, Grocio Prado, Chincha, el cual sencillamente no existe. Como corolario de este crimen, hay una denuncia penal por delito de colusión agravada la cual, contra todo pronóstico, ha visto una luz al final del túnel.
Me refiero a la impecable disposición fiscal superior del Dr. Hugo Domiciano TURRIATE LOAYZA, que ha anulado el archivamiento perpetrado por la fiscal Mónica Paola SILVA ESCUDERO por segunda vez consecutiva, letrada que negó que los denunciados (los representantes de la DGAC, Fiduciaria y DHMont) se hayan concertado para perjudicar al Estado, que sí defendieron el fideicomiso, afirmando muy suelta de huesos que ya se había investigado los mismos hechos ante la fiscalía, patrañas más, patrañas menos. A eso se suma que como fiscal provincial a cargo de la investigación, no requirió el levantamiento del secreto bancario de las cuentas del fideicomiso, pese a que el denunciante se lo requirió.
Lo primero que advierte el fiscal superior Hugo Turriate es que la cifra estimada de pérdida tan solo en intereses que dejó de pagar el Banco Continental bajo la anuencia de la Fiduciaria S.A. y que asciende a S/ 3’200,000.00 “no es una cifra irrelevante ni meramente especulativa, se trata un dato económico verificable a través de un peritaje contable o financiero”. Silva Escudero no solo había minimizado esa escandalosa cifra, sino que sacó cara por Juan Carlos PAVIC MORENO, otrora director general de la DGAC y por tanto fideicomisario en el contrato de fideicomiso, alegando que este requirió información a La Fiduciaria S.A. y que “encargó la defensa del patrimonio fideicometido” al Estudio Jurídico Benites, Forno & Ugaz.
Ese argumento generoso por parte de la fiscal de marras a favor de los denunciados quedó desbaratado en la elevación de actuadas del denunciante, pues Paulo César COMITRE BERRY nunca cumplió con entregar la información de las cuentas del fideicomiso que le requirió Juan Carlos PAVIC MORENO durante varios años, tampoco se conoció oficialmente qué proceso judicial finalmente inició el 2016 el estudio del “Dos caras” José Carlos UGAZ SÁNCHEZ-MORENO, peor aún: esta firma “Benites, Forno & Ugaz” del 2012 al 2015 había patrocinado a Viva GyM S.A. uniéndose al demandante, el Consorcio DHMont & CG & M S.A.C. contra el demandado que es el MTC (Exp. n.° 11102-2011-0-1801-JR-CI-05), proceso que recién terminó el 2023.
Un indicio de abrumadora corrupción en el contrato de fideicomiso y que Mónica Silva cuidadosamente soslayó en su dictamen lo constituye el hecho que Juan Pavic no removió a La Fiduciaria S.A. del negocio por ser la directamente responsable de la pérdida millonaria de intereses, pese a que Ricardo MONT LING (DHMont) se lo había solicitado. Bastaba que Pavic sume su firma, pero no lo hizo.
El abogado Fernando SILVA LA ROSA (abogado cabeza del Estudio Silva Abogados) que defiende a la compañía dizque experta en fideicomisos, formuló un ardid que en el Derecho se conoce como ne bis in idem: no se puede investigar a una misma persona por los mismos hechos. El antecedente era una denuncia por peculado por extensión del 2015 que interpuso un abogado de DHMont y que no prosperó. La fiscal Silva Escudero a poco y aplaudió ese pedido, poniendo de su parte al sostener que no importa qué delito se investiga, solo bastan los hechos, citando de forma genérica una sentencia del Tribunal Constitucional que ni siquiera aplica al asunto. Argumento que también fue descartado por el dictamen de segundo grado.
Dentro del pliego de pesquisas que ha dispuesto el Dr. Turriate Loayza, se realice una pericia contable financiera, una pericia en contrataciones del Estado, que el MTC informe del patrimonio fideicometido y si hay alguna investigación interna, se tomen declaraciones como la de Comitre, José Bernardo GOYBURU VASALLO, entre otros y lo más fulminante: se requiera el levantamiento del secreto bancario correspondiente al contrato de Fideicomiso en Administración. No hay vuelta atrás.
(Nota: Estimado amigo lector, la sinopsis de la nota culmina aquí. Lo que sigue es la transcripción parcial del documento principal que sustenta esta publicación y que es propiamente la fuente periodística. No es indispensable su lectura, sino que se añade para facilitar la búsqueda por palabras y para fines académicos y/o periodísticos)
Documento completo del correo electrónico “Gmail” de fecha 15 de julio del 2025 a las 09:26 Hrs. que alcanza la disposicipón fiscal superior numerada como “DISPOSICIÓN REA N° 21-2025-4°FSEDCFLC-MP-FN” de fecha 13 de julio del 2025 en el caso fiscal n.° 506015506-2023-500-0. Veintinueve páginas
[NALL OCR] Gmail 15 JUL. 2025; 09:26 Hrs. DISPOSICIÓN REA N° 21-2025-4°FSEDCFLC-MP-FN. Cf. n.° 500-2023. 29p by No Apaguen La Luz
Transcripción de las partes importantes:
De los agravios esbozados por el recurrente Dylan Ezequiel López Encarnación
2.10.- Esta parte recurrente solicita que se declare la nulidad
